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Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre "Protección de Civiles: Protección, retos y necesidades que enfrentan las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto y post conflicto"

(Nueva York, 30 de enero de 2015)

Intervención de S.E. Embajador Miguel Camilo Ruiz, Representante Permanente Alterno de Colombia ante las Naciones Unidas

 

Señor Presidente,

En primer lugar, quisiera agradecer por la organización de este debate abierto sobre "Protección de Civiles: Protección, retos y necesidades que enfrentan las mujeres y las niñas en las situaciones de conflicto y post conflicto".

Desafortundamente, la relevancia del debate es palpable al observar las noticias que copan los medios internacionales sobre las crisis humanitarias que arrojan cifras que dejan, por ejemplo, al año 2014 con el deshonroso título del ser el que produjo el mayor número de desplazados y refugiados en el mundo, despues de la II Guerra Mundial, con alrededor de 51 millones de personas empujadas lejos de sus hogares, desarraigadas de su entorno, despojadas de todo y empujadas a tierras extrañas, en donde las mujeres sobrevivientes, encarnando el coraje que resulta de perderlo todo, representan junto con niñas y niños, la mayor cantidad de víctimas.

Esta situación, por supuesto, plantea inumerables retos a todos los niveles, tanto a las agencias de emergencia, al sistema de respuesta de Naciones Unidas y otros organismos, y a la capacidad de respuesta por parte de los Gobiernos afectados, tanto en recursos humanos como económicos.

Aun más, las dinámicas que generan situaciones de vulnerabilidad a las mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado no son las mismas del pasado, cuando los riesgos ocurrían de la mano de conflictos internacionales e intervenciones extranjeras.

De hecho, el número de conflictos ha declinado alrededor del 80% durante los últimos 20 años: De un promedio de siete conflictos internacionales entre 1946 y 1967, hemos pasado a menos de uno, en promedio por año, desde el comienzo del presente milenio.

Es por esta razón que los Estados y el Consejo deben hacer frente a estos fenómenos de violencia con medidas que atiendan la naturaleza especial de los perpetradores que, en muchos casos, son grupos al margen de la ley que muestran un desprecio total por las normas y el ordenamiento internacional y que, en todo caso, no responden en las mismas condiciones que los Estados.

Colombia lo sabe de primera mano.

Luego de atravesar durante cinco décadas el cruento camino de la degradación propia del conflicto armado interno, en el momento de buscar soluciones a dichos fenómenos fue claro que el enfoque debía ser integral, el acompañamiento a las víctimas, constante, al tiempo que se volvía evidente que los retos iban a ser muy complejos.

Sin embargo, el compromiso político del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, desde el principio, aun antes de inicio de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, incluyó priorizar a las víctimas a traves de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en ese marco jurídico amplio, se dio inicio al desarrollo de políticas públicas que le dieran prioridad a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes colombianos.

Colombia ha entendido esto como un elemento fundamental para lograr una paz sostenible y duradera y, para ello, nuestro país ha venido implementando políticas a lo largo y ancho del territorio nacional para alcanzarlas, llevar la presencia del Estado hasta donde ellas están.

Para ello, en Colombia ha sido fundamental el restablecimiento de la seguridad en todos los rincones del territorio nacional, acompañado del fortalecimiento institucional, así como de la creación e implementación de múltiples programas con enfoque de género, para atender las diferentes necesidades de las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado.

Ejemplos palpables de este compromiso al más alto nivel en nuestro país son la "Política Pública Nacional de Equidad de Género" y el "Plan Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia", expedida en 2013, junto a los "Lineamientos de Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado".

Pero tal vez todas estas alusiones a la legislación desarrollada, a las políticas implementadas no hablan tanto del impacto en la gente como sus propias historias: Historias como la de Cielo Hernández, una mujer de una zona rural en la Costa Atlántica colombiana llamada Tierralta, Córdoba, donde su esposo, Oscar Darío Hurtado, fue asesinado por una columna paramilitar en 2007.

Con él, la violencia arrebató la vida de otras 33 mil víctimas, y Cielo no podía simplemente huir, su hija Ariana la necesitaba. Cielo, por ejemplo, dice "por amor a Ariana hago todo" y todo implicó no abandonar su tierra.

Cielo fue vinculada al programa de atención, asistencia y reparación integral del Gobierno Nacional, recibió su indemnización, lo que contribuyó a que pudiera adquirir una vivienda digna, igualmente recibió apoyo por parte de los programas de la Unidad de Víctimas para completar sus estudios en Asistencia Administrativa y lograr un mejor trabajo.

Para ella la reparación no es el dinero en sí, sino lo que se puede reconstruir con este: "A mí por ejemplo, afirma, me permite volver a soñar con la casita y a estudiar para salir adelante, y con mi ejemplo de superación incentivar a mi hija para que vea que eso es bueno. Antes uno veía que no pasaba nada con las víctimas y ahora el Gobierno sí hace presencia: la gente no está tan desamparada y eso le hace a uno ver el mundo con otra perspectiva".

Para llegar a un trabajo consistente e integral como el anterior, Colombia ha desarrollado y puesto en práctica las herramientas que permiten darle solución a los problemas y tener un impacto sobre la transformación cultural que se requiere para poder modificar esquemas en donde el uso de la fuerza contra las mujeres y niñas es aceptado, ya que solo así nos ha sido posible contar con historias de éxito, de reconciliación como la de Cielo Hernández y nuevas oportunidades para construir un nuevo país en paz, a todo lo cual apunta en última instancia el actual proceso en La Habana, que esperamos concluirá prontamente.

Señor Presidente,

Las mujeres en sus diferentes roles en tiempos de crisis emergen con coraje, como motores de la reconstrucción de los tejidos sociales, del perdón y la reconciliación, y juegan un papel fundamental para alcanzar la inclusión económica y política.

Y cuando esas valientes mujeres cuentan con el apoyo irrestricto y comprometido de un Gobierno como el de mi país, los Estados se fortalecen en su vida democrática y mandan una señal clara que, en la noche más oscura es posible encontrar soluciones efectivas.

Señor Presidente,

Quisiera concluir, haciendo referencia a la forma como mi Gobierno ha logrado entender, luego de otros intentos por alcanzar la paz, que la paz se construye también sanando como sociedad, abriéndonos al duelo luego de toda la barbarie de más de cinco décadas de conflicto.

Para ello, se viene trabajando en las regiones rurales especialmente golpeadas por estos fenómenos, para ayudar a las víctimas a superar el miedo, la desconfianza y las experiencias traumáticas de quienes han sufrido de cerca las atrocidades del conflicto, así como para fortalecer su capacidad para reclamar sus derechos y su participación activa en las instancias democráticas locales, convencidos de que es necesario transformar la sociedad, desarmando las mentes y sanando nuestras heridas en el alma nacional.

Muchas gracias.

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